El litio tiene propiedades médicas y potencial industrial. En el ser humano contrarresta la depresión y en la industria sirve de conductor y acumulador de energía. Ahora resulta que Chile es uno de los principales productores de este mineral en el planeta, y hace apenas unas horas el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció una licitación internacional para entregar a los privados la explotación y comercialización del litio en suelo nacional.
El yerno del dictador Augusto Pinochet, el señor Julio Ponce Lerou, accionista mayoritario de una intrincada red de empresas, encabezadas por Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, mediante las que controla SQM, es, dicen, el productor del 40%, aproximadamente, del litio mundial. Y su producción no ha llegado a puntos de saturación, ciertamente. Ponce es mencionado en artículos sobre el mineral, como el “padrino del litio”, o el “señor del litio”, o el “rey del litio”.
Pero no se trata de que el Estado quiera expropiar al señor Julio Ponce. Por supuesto que no. Al contrario, muchos creen que se pretende otorgarle el resto del litio disponible, a él o uno de sus socios o amigos. Esta es la razón, a la luz de la economía abierta y ultraliberal, de abrir la licitación para todos los que quieran ser proponentes. Incluido, desde luego, el señor Ponce Lerou.
Antonio Leal (foto), ex diputado y director del magíster de Comunicación y Ciencia Política, de la Universidad Mayor, se refiere en El Mostrador al asunto del litio, bajo el título de “Por qué el Estado debe entrar al negocio del litio”, que me permito compartir por tratarse de un tema de interés estratégico nacional. El señor Leal, dice:
“He sostenido desde hace varios años la necesidad de mejorar la actual legislación sobre la explotación del Litio en nuestro país y me parece que lo adecuado es abrir un debate en el Parlamento para modificar la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Rechazo categóricamente la iniciativa del Presidente Piñera de utilizar los Contratos Especiales de Operación, establecidos en plena dictadura, en virtud del Decreto 2.886 de 1979, para abrir por esta vía una licitación directa a empresas transnacionales y nacionales para la explotación de 100 mil toneladas de litio en 20 años.
“Me opongo a la decisión impulsada por el Gobierno de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación”, ya que ello vulnerala Constitución, la legislación minera, que define este mineral como estratégico, no concesionable y busca premeditadamente eludir el debate parlamentario para entregar, por vía directa, la explotación del litio integralmente a privados. El argumento del Gobierno de que esta vía ya se ha utilizado con el petróleo es falaz, dado que Chile no es un país petrolífero ni gasífero y, por ende, en la exploración de estos recursos, que se ha hecho especialmente en Magallanes, era perfectamente posible que participara Enap, pero también empresas privadas.
“En el caso del Litio está acertado que nuestro país tiene las mayores reservas de litio en el mundo y, dado su carácter estratégico, la ampliación de su explotación debiera ser parte de un debate y una modificación a la legislación minera resuelta por el Parlamento, y no a través de un subterfugio inspirado en un decreto de la época de la dictadura.
“El Litio es un mineral del futuro, algunos lo llaman el “petróleo blanco”. Chile posee las mayores reservas mundiales y con bajos costos de explotación ya que se encuentra a baja profundidad, en los salares, y está definido como estratégico porque está ligado a la energía, a la enorme innovación tecnológica en curso y a la producción de tritio, que es uno de los componentes de la fusión nuclear y, por ende, es obligatorio el generar una política pública para que el Estado entre en su explotación mas allá del arriendo de concesiones que la Corfo tiene con SQM y SCL, que han constituido una especie de monopolio en la explotación y comercialización del recurso minero.
“Es imprescindible, por tanto, abrir nuevos caminos en la explotación del Litio, ya que ello puede entregar enormes recursos al país, pero esto debe hacerse a partir de la existencia de una política pública hacia el Litio, toda vez que este mineral se ha convertido en un insumo insustituible en industrias como la energía, la informática, la telefonía celular, naves espaciales, y especialmente en el desarrollo automotriz híbrido y eléctrico.
“Por ello y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual, y su precio internacional ha pasado de mil 700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y este precio seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado mundial.
“Por tanto, si el Gobierno quiere ampliar la explotación del Litio, debe, en primer lugar, pensar en el rol que el Estado va a jugar en este proceso, y a partir de ello elaborar, con todos los sectores, una propuesta para modificar la Ley de Concesiones Mineras –recuerdo que dicha modificación requiere de quórum calificado–,la Ley de la Comisión Chilena Nuclear, y otras disposiciones donde se establece la no concesionabilidad de este mineral, pero ello debe hacerse resguardando, en primer lugar, el interés público.
“El gobierno, con su idea de licitar yacimientos de litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro país, ya que el mercado mundial determina un aumento creciente de la demanda y si ella es ya de 90 mil toneladas anuales de carbonato de Litio sólo en los próximos cinco años esta se duplicará, lo cual crea un mercado en expansión muy notable para un país que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, especialmente en sus salares en el norte de Chile.
“Quiero recordar que el actual marco jurídico del Litio está dado por la Ley de Minería (año 79), por la Ley de Concesiones Mineras (año 83) y la Ley Orgánica y reglamentos de la Ley de la Comisión Chilena Nuclear. Toda nuestra legislación mantiene las reservas de explotación de Litio a favor del Estado y el Litio no es susceptible de concesión minera salvo aquellas constituidas con antelación a la publicación de la ley. En virtud de ello Corfo tiene la concesión de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, donde existen las mayores reservas de Litio del mundo, pero Corfo arrienda por un tiempo determinado y montos de explotación preestablecidos, y a solo40 metrosde profundidad, a SCL y SQM –cuya producción es hoy el 43% de la producción de Litio a nivel mundial– pero, a la vez, el contrato formulado es tan leonino para el Estado que impide que Corfo arriende a otras empresas o explote directamente el resto de las pertenencias no arrendadas en el Salar de Atacama”. Pinche aquí para leer el artículo completo.