“Insistir con los laboratorios la necesidad de una coordinación para el alza de sus precios. Para ellos ofrecimos ser la cadena que primero subiera los precios (los días lunes o martes) de este modo, las otras dos cadenas tendrían tres o cuatro días para ‘detectar’ estas alzas y luego asumirlas”.
El que habla es el “gerente comercial” de Salcobrand, Ramón Ávila, dándole instrucciones a los gerentes de finanzas Matías Verdugo y general Roberto Belloni, y al vicepresidente ejecutivo Cristián Steffens para establecer con las otras dos cadenas de farmacias (se refiere a sus “competidoras” Cruz Verde y Ahumada-Fasa, entonces presidida por el señor José Codner) una metodología para controlar los precios de los medicamentos de primera necesidad.
El señor Ávila destruye con ese email los conceptos de competencia y del libre mercado, de los que se precia Chile, y pone al descubierto que las empresas pactan procedimientos para asegurar sus utilidades. Unos días después, el “exitoso” empresario escribe: “Dados estos buenos resultados, esperamos repetir el “procedimiento” con más productos y más laboratorios, en el transcurso de las próximas semanas”.
Ese “procedimiento”, mediante el cual “coordinan alzas de precios” tiene un nombre: colusión, y es constitutivo de delito. La burla al sistema de competencia comercial y al “cliente” ameritaría una sanción pecuniaria y penal, pero un gobierno anterior, al parecer, eliminó las penas de cárcel para los delitos de cuello blanco y corbata.
Entre los medicamentos incluidos en la irregularidad están los anticonceptivos orales, anticonvulsivantes, antidepresivos y antihistamínicos, y en cada una de las categorías de medicamentos las tres cadenas de farmacias (Salcobrand, Fasa-Ahumada y Cruz Verde) poseen una participación de mercado entre el 70% y el 99%.
El vergonzoso “procedimiento” de “coordinación de precios” fue llevado, con escándalo noticioso en su momento, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el cual acaba de fallar condenando a las farmacias mencionadas al pago de 19 millones de dólares, cada una, por haberse coludido en contra del mercado, de la libre competencia y de los clientes.
Estos delitos deberían estar penalizados con cárcel, porque de lo que estamos hablando es de conductas delictivas, no de un «desliz» de uno de estos personajes, cuya audacia los lleva a maquinar métodos que les permitan burlar la ley, la misma que ellos mismos reclaman a gritos que se les aplique a los demás.