Por estos días, hay una hipócrita efervescencia en Chile. Todo el mundo parece sorprendido porque la supertienda La Polar refinanciaba las deudas de clientes a sus espaldas, obteniendo con ello un lucro importante y una valorización ficticia de sus acciones en bolsa.
Es, hasta donde sé, una práctica que vienen realizando las entidades financieras, esa de manipular los créditos a espaldas de sus clientes, desde hace mucho tiempo. Incluyo a las supertiendas entre las entidades financieras, por que eso es lo que son. Las supertiendas como Falabella, Ripley, Johnson’s, París y La Polar no venden artículos; su razón de ser se ha distorsionado y son, básicamente, proveedoras de crédito.
Abiertamente, Falabella, París y Ripley son bancos autorizados.
El caso de La Polar de repactar las deudas de sus clientes, a sus espaldas, ha causado que ciudadanos con una deuda de $180.000 estén debiendo en dos o tres meses $1.500.000. Y no solamente debe esa suma de ficción, sino que La Polar se tomó el trabajo de reportarlos al sistema de calificador de riesgo crediticio, llamado “Dicom”. Como quien dice, no solamente comete el ilícito, sino que acusa al cliente que es su víctima. Y todo es legal.
Estas tiendas y bancos chupa-sangre, que tienen un rango para cobrar sus intereses, jamás se apegan al piso o al nivel medio del rango, sino al techo. Y los distintos gobiernos, desde hace varios años, han autorizado tasas increíbles de interés, del 40% y más, que es el techo al que se apegan los bancos y entidades financieras, incluidas las supertiendas, sin que legalmente se les califique de usureros.
Es decir, hay un grado de usura autorizado.
El banco español BBVA también manipula los créditos de sus clientes a sus espaldas. Y el caso que conozco es de un cliente en la zona de desastre de Dichato.
Llamaremos al cliente, víctima del BBVA, con las siglas MQP, quien posee un crédito hipotecario por un departamento en el edificio Torres del Mar, en Dichato. Un día de junio del 2010 necesitó girar un cheque, y no se lo recibieron, porque estaba reportado ante Dicom. Averiguó y la entidad que lo reportaba era el banco español BBVA.
Preguntó en el banco y le dijeron que a raíz del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, el banco, siempre magnánimo y bondadoso, debido a la condición de damnificado de MQP, había decidido, sin su permiso, refinanciar cuatro cuotas, las de febrero, marzo, abril y mayo. Y que esos meses los había movido hacia delante, y casualmente, cuando el banco estaba haciendo este movimiento generoso y humanitario, la tasa de interés legal… ¡había subido!
Entonces el reporte a Dicom se debía a que no había pagado el nuevo monto de la primera cuota de la refinanciación. Sin embargo, durante ese tiempo, MQP siguió pagando su crédito normalmente. Iba al banco, pedía el recibo de pago que le entregaba la máquina automáticamente, y pagaba, y le recibían el pago, y no le decían que había cuatro cuotas repactadas.
En junio, MQP denunció el cobro abusivo y ladrón del banco español BBVA ante el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac. También ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y comenzó un calvario, sin que lo sacaran de Dicom, a donde el banco ladrón lo había reportado como moroso.
La queja de MQP era, básicamente, que jamás había autorizado refinanciar la deuda, porque a pesar de la desgracia de terremoto y tsunami ocurridos en esa zona, él, realmente, no lo necesitaba. Y que, además, había estado pagando sus cuotas sin problema aparente. Pero, también, ¿por qué no le avisaron en febrero, marzo, abril o mayo, sino que esperaron que todo se acumulara para cobrar en junio?
MQP le preguntó exactamente ala Superintendencia de Bancos si un banco podía modificar las condiciones pactadas del crédito de un cliente. La pregunta fue, textualmente:
“¿Puede un banco nacional o extranjero alterar o modificar parcial o totalmente de manera temporal o definitiva un crédito hipotecario aduciendo razones humanitarias o promocionales o comerciales o de cualquiera otra índole sin solicitar ni obtener previa aceptación de su cliente?”
Lo que contestola Superintendencia de Bancos fue, textualmente:
“Cumplo con expresarle que esta Superintendencia no puede dar respuestas en términos abstractos, sin tener los antecedentes que correspondan”. Firmado por el funcionario A.V.R.
Uno esperaría una respuesta tajante, contundente: NO. Ningún banco, nacional o extranjero puede alterar o modificar parcial o totalmente de manera temporal o definitiva un crédito hipotecario aduciendo razones humanitarias o promocionales o comerciales o de cualquiera otra índole sin solicitar y obtener previa aceptación de su cliente.
Es decir, ¿para la Superintendencia la respuesta dependía de cuál banco y cuál cliente?
Este es el tipo de “control” que la Superintendencia ejerce sobre la banca.
Y lo peor, se da por sentado que los bancos (usureros por definición, y con la anuencia de los distintos Parlamentos y Gobiernos), son considerados ante las autoridades como de buena fe, y son los clientes los que actúan de mala fe.
MQP siguió pagando sus cuotas, pero el BBVA tenía una doble contabilidad, cobrándole una refinanciación o repactación, que no había pedido, ni autorizado.
Finalmente, el banco admitió “el supuesto error”, y corrigió los cobros y retiro el informe de Dicom. ¡Por supuesto que había un error! Y no solo error, sino cobro indebido. ¿Quién le pagó a MQP el daño causado durante tantos meses, moral y comercialmente, por el banco abusivo BBVA? Nadie. ¿Qué hizo la Superintendencia de Bancos? Lavarse las manos porque la consulta era “abstracta”.
¿Cuántos damnificados de Dichato han pagado ese cobro provocado por un movimiento contable y la aplicación de un interés adicional por parte del banco español BBVA?
La sociedad, y no me refiero a la chilena, que solamente es una y muy pequeña en el planeta, la sociedad moderna capitalista está fundada sobre la base de la usura institucionalizada, contra la que nadie puede. Se cree que las entidades bancarias son las sanas, y los clientes los perversos. Por eso pueden actuar los Bernard Madoff y La Polar, para no hablar de las farmacias coludidas para manipular los precios de los medicamentos básicos (un caso vergonzoso que terminó, prácticamente, en nada).
Pero sobre estos casos no opinan los políticos, ni se meten en ello, ni le hacen seguimiento, como si no les correspondiera atender estos casos que atentan contra el bienestar de las personas y la sociedad entera, porque el oficio de político, al parecer, no es defender al cliente sino legislar para el banco.