Udi en Araucanía; vergonzosa dictadura Pinochet

mapa_de_araucaniaUdi conspirativa. No se puede negar la gravedad de los episodios de violencia que ocurren en el país. De todo tipo de violencia. Tanto la que se produce cuando unos antisociales roban un auto, como cuando se atenta contra la propiedad privada en los casos del sur del país. Pero de ahí a culpar al gobierno de esa violencia es exagerado. Miope. O mal intencionado.
El señor Juan Pablo Swett, operador político de la Udi (aunque no lo diga) y presidente de la ‘Multigremial de Emprendedores’, y Sergio Péres, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (recuerdos de antes de la vergonzosa dictadura), amenazaron (o chantajearon) con volver a traer una chatarras quemadas parcialmente, reproduciendo el destemplado show de hace unos días con el argumento más impensado que se haya oído jamás: “La incapacidad del Estado para enfrentar el terrorismo”.
¿Ha podido Estados Unidos, Francia, España, Italia, “enfrentar el terrorismo”? ¡No! Nadie ha podido, ni podrá.
Porque una característica del terrorismo es ese: el anonimato, el terror y, sobre todo, la sorpresa. Pero a estos señores (¿todos de la Udi?) no se les ocurre nada menos que amenazar al gobierno por no “enfrentar” el terrorismo. Y como se les permitió hacer uso democrático de la protesta (derecho que ellos no entienden), ya están tomando ese derecho como exacerbación de sus deseos conspirativos.
Si de verdad quisieran una solución, buscarían una solución. Serían propositivos, convocarían al gobierno a dialogar. Pero el ‘patriotismo’ de estas personas se circunscribe únicamente a obtener legitimidad de sus peticiones.
Este problema de la Araucanía se resolverá el día que devuelvan la tierra robada a las comunidades indígenas. O, que parece que es lo que los operadores de la Udi desean, eliminen (o maten) al último de los indígenas asentados desde tiempos inmemoriales y que fueron expoliados.
Torturados y condenados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la corte ddhh-OEAOEA (Organización de Estados Americanos), condenó al estado chileno (no a este gobierno) por no deshacer las condenas obtenidas por la vergonzosa dictadura que tuvo Chile, bajo torturas y amenazas.
La Corte dijo que condena al Estado “al no haber ofrecido un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura y mediante el cual fueron condenados durante la dictadura militar chilena”. También anotó que “el Estado es responsable por la excesiva demora en iniciar una investigación respecto a las torturas que sufrieron”.
Las víctimas fueron procesadas ante Consejos de Guerra a partir del 14 de septiembre de 1973. En 1974 y 1975 se dictaron sentencias de condena.
Las víctimas son: Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal.

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