Pentagate: elites contra la igualdad judicial

logo el mostradorComparto en su casi totalidad el editorial del diario online El Mostrador (logo) de hoy, porque coincide con lo que ya hemos dicho en este blog: que el problema de la financiación non sancta de las campañas políticas es el tema de fondo, y no, como lo pretende la ultra conservadora Unión Demócrata Independiente (Udi), que el problema es “la filtración” de la información. Lo repito: para la Udi lo importante no es el asesinato, ni que se capture al asesino, sino quién fue “el soplón” que denunció ante la policía. También hay coincidencia en ese editorial, en cuanto a que hay una inclinación perversa de los políticos por torcerle el rumbo a la acción de los poderes Judicial y Ejecutivo. Por eso, como son subversivos (de la mala clase, desde luego) soterrados, se camuflan en “comisiones de investigación” del Congreso (poder Legislativo), creando una suerte de empantanamiento o de entrabamiento de las instituciones que dicen defender. JSA
La tensión del caso Pentagate impacta un nudo trascendental de la vida institucional del país. Los poderes del Estado y sus órganos superiores, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Ministerio Público, requieren de una sincronía institucional en la aplicación de la ley, con transparencia e igualdad de condiciones para todos. Tal ambiente lo provee la política. Si por presiones de distinta naturaleza esos poderes e instituciones se transforman en mecanismos ad hoc, y sus reglas son intercambiables o entregadas al negocio del empate o el amparo social entre las elites, lo que se produce es un acto subversivo en contra del orden público establecido y una conspiración contra la democracia. Es la rebelión de las elites contra la igualdad ante la ley.
Cuánto tiene de coerción esa actitud instrumental, está directamente relacionado con el lenguaje y el oficio comunicacional de los afectados, y su capacidad para crear realidades por encima de los hechos concretos, asegurando implícitamente que “las reglas somos nosotros”.
Lo actuado por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y algunos empresarios afines, va en ese sentido. Tratar de inhibir la aplicación de la ley, desconocer las reglas o simplemente forzar su cambio, aunque ello resulte en una subversión del orden establecido, es un acto más que irracional, producto de no percibir el cambio cultural que se ha producido en su entorno.
La Constitución que nos rige, en la parte de sus fundamentos doctrinales, tiene por primera frase aquella que reza: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y su artículo 6º continúa: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.
Los partidos políticos, de gobierno u oposición, deben garantizar que ello se produzca y no, por el contrario, que ello no se aplique. Y, por lo tanto, la garantía del orden institucional proviene de una adhesión social y no del control de la fuerza. Eso no lo entiende la UDI.
Lo que más se ha escuchado es un reclamo de legitimidad de los juicios e investigaciones judiciales y administrativas por “filtraciones”, “discriminaciones” o “persecuciones políticas”. Ninguna manifestación de fondo sobre el detonante de la crisis: el oscuro financiamiento de la política en el país.
El tema tensiona incluso en las democracias más sólidas y con mayor tradición del mundo. Cómo se proveen los recursos privados hacia las campañas, y de quién y hacia quién, toca en el centro de la igualdad de la soberanía popular, el pacto constitucional y la transparencia de las decisiones gubernamentales.
Hay financiamiento legal y financiamiento oficioso o secreto, que es el más lesivo, porque es oculto o con transgresión de las reglas.
El dinero oficioso busca crear un monopolio político de aquellos que reciben el dinero y controlar con ello la competencia; y de aquellos que lo colocan para afianzar y extender su poder económico, privatizando factualmente la esfera de lo público. Eso derechamente es un delito político de alta traición a la democracia e investigarlo por todos los medios no debería tener contradictores.
Pero el dinero legal también debe ser objeto de escrutinio, sobre todo cuando asigna roles contarios a la soberanía popular. Es el caso de las empresas, que tienen intereses –especialmente maximizar el lucro– y no adhesiones valóricas doctrinarias, religiosas o de otro tipo.
En materia de financiamiento legal, las empresas no debieran poner dinero ni, menos aún, descontarlo de sus impuestos.
Las donaciones son para personas por personas, ambas naturales y ambas parte del cuerpo soberano popular. Límite y transparencia en montos, procedencias y destinos es la regla subsiguiente.
Todo lo anterior subyace a la investigación del caso Penta.
Es muy evidente la presión comunicacional actual de los actores a la deslegitimación de las autoridades, al empate político o a licuar los comportamientos y competencias de las instituciones que llevan adelante las investigaciones.
Por lo mismo, no ayudan aquellos que se dejan presionar, que se salen de sus roles responsables y empiezan a hacer discriminaciones odiosas o eligen a la prensa como chivo expiatorio de los problemas que investigan.
La exigencia de transparencia es hoy más necesaria que nunca, pues la subversión contra las instituciones y la rebelión de las elites subyace en los sótanos de la democracia.

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3 Respuestas a “Pentagate: elites contra la igualdad judicial

  1. Pingback: Bitacoras.com

  2. Este es el tipo de reacciones y generación de confusiones que busca la ultra derecha Udi, con su retorcida mentalidad, de dejar a un lado a los culpables para ocuparse de “las filtraciones”.
    http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/10/680-600363-9-fiscal-regional-oriente-niega-presiones-politicas-en-investigacion-del-caso.shtml

  3. Pingback: Mea culpa de Iván Moreira: hice algo irregular | JulioSuarezAnturi

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