Copesa y El Mercurio con subsidios estatales

bernardita garcía jiménez2En el reporte anual de Prácticas de Derechos Humanos de otros países, que realiza el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, la prensa chilena figura como un tema sobre el cual hay que manifestarse.

El informe señala que si bien “la Constitución provee de libertad de discurso y de prensa, y el gobierno generalmente respeta estos derechos”, una serie de informes de las Fundación Equitas en 2013 y de Freedom House en 2012 alertaron sobre una posible concentración de medios, ya que “la mayoría de los productos mediáticos se encuentran en las manos de dos importantes empresas familiares, Copesa y El Mercurio, que son los únicos recipientes de los subsidios del gobierno”. Asimismo, consigna la carencia de un marco legal que garantice “distribución justa de las frecuencias a los diferentes medios de difusión”.

El informe, que se aboca a estudiar todas las áreas concernientes a los derechos humanos de los ciudadanos, reveló que en Chile, los principales problemas en esta materia “conciernen discriminación de la población indígena; violencia social y discriminación de la mujer, niños y personas LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros); explotación infantil; y críticas condiciones y tratos en cárceles”. Otro aspecto preocupante tiene que ver con el “uso de fuerza excesiva y abuso por parte de las fuerzas de seguridad, reportes aislados de corrupción gubernamental y antisemitismo”.

“Aunque la Constitución prohíbe tales prácticas, organizaciones no gubernamentales con credibilidad han recibido múltiples reportes de uso excesivo de la fuerza, abuso y trato degradante por parte de Carabineros, miembros de la PDI y gendarmes, pocos de los cuales resultaron en condenas”, señala el texto.

El informe cita el caso de dos estudiantes que fueron agredidas por Carabineros tras negarse a su detención al interior de la casa central de la Universidad de Chile el pasado 13 de junio de 2013. Asimismo, recuerda lo ocurrido el 30 de diciembre del año pasado cuando miembros de la PDI golpearon en la cara y en el cuello a un joven estudiante y lo fotografiaron en su ropa interior.

Además, alerta sobre el excesivo uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. “El Instituto de Derechos Humanos informó en su reporte anual de 2013 que se registraron 1.775 quejas en contra de Carabineros en 2012 por ‘violencia innecesaria’ pero menos del 2% de esa cifra terminó en condenas en el sistema de justicia militar durante ese período. Carabineros acusados de usar ‘violencia innecesaria’ a menudo son reasignados dentro de la propia institución donde una investigación interna indica lo que se ha hecho mal”, señala.

En lo que respecta a la discriminación de grupos minoritarios, el informe estadounidense consigna que en algunas materias Chile se queda atrás. Un ejemplo es el caso de personas con discapacidades. Y es que aunque la ley prohíbe discriminar a este tipo de individuos, en la práctica “las personas con discapacidades sufren formas de discriminación de facto”. Esto se manifiesta en que “la mayoría de los edificios públicos no contemplan los mandatos legales de accesibilidad. El sistema de transporte público, particularmente fuera de Santiago, no provee adecuadamente accesos para personas con discapacidades”.

Otra minoría que sufre problemas de discriminación en nuestro país son los pueblos indígenas. El documento señala que “los indígenas también han experimentado la discriminación social, incluyendo en el empleo, y hubo informes de incidentes en que fueron agredidos y hostigados. Las mujeres indígenas enfrentan una triple discriminación sobre la base de su sexo, origen indígena, y reducida situación económica, y son especialmente vulnerables a la violencia, la pobreza y la enfermedad”. A esto agrega que la “Constitución no protege específicamente a los grupos indígenas”.

Es interesante que en esta materia se reflexiona además sobre los alcances y el impacto que tienen los megaproyectos energéticos para estas comunidades. “La explotación de la energía, los minerales y la madera se produjo cerca de las comunidades indígenas, incluyendo los proyectos mineros en las regiones del norte, donde viven pueblos aymara, atacameños y diaguitas, y la explotación de madera en el sur, donde los mapuche habitan. Las tierras indígenas son demarcadas con eficacia, pero algunas comunidades indígenas mapuche han exigido la restitución de las tierras tradicionales de propiedad privada y pública”, explica el documento.

Por último, otro grupo que figura entre los que aún son discriminados son las minorías sexuales. “El Movilh observó un empeoramiento en los actos de violencia contra las personas LGBT, entre 2011 y 2012, entre ellos tres asesinatos, 20 actos de agresión física o verbal, seis incidentes relacionados con la agresión y/o la detención policial arbitraria, nueve incidentes de discriminación en el empleo, 10 incidentes de la educación discriminación, y 12 actos de violencia o la segregación de la comunidad forzado por la familia o la amistad círculos”, concluye.

Bernardita García Jiménez (foto)

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