¿Cuánto durará la dicha por la ‘ley Dicom’?

La semana pasada se promulgo la “ley Dicom”, pero al entrar en vigencia el presidente Sebastián Piñera quiso obtener su cuota de popularidad y lanzó una imprecisión. Estando promulgada, dijo: “El proyecto de ley borra y elimina por única vez de los registros de Dicom”, etcétera.

¿Quién le hace los discursos al Presidente? Ya no es “proyecto de ley”, sino “Ley de la República”. Este “lapsus” genera en el inconciente inseguridad: ¿Será que sí la van a aplicar?, ¿o será que todavía está en estudio? Algunos pueden decir que es una tontera esta anotación que hago, pero tratándose de un Jefe de Estado, de un Presidente de la República nada es tontera. Nada.

La ley subsana una aberración colosal, que los chilenos habían soportado estoicamente, casi vilmente, pues el conocido “Dicom” es la agencia de “predicción de riesgo” estadounidense llamada Equifax, que los bancos y comercios (y otras entidades) utilizan para otorgar credibilidad a sus clientes.

Y cuando digo “otras entidades” me refiero a universidades, hospitales y, en general, empresas. Lo cual era una aberración colosal. Porque Dicom servía para que las universidades admitieran a los estudiantes, según la situación de morosidad financiera de los padres; para que las clínicas y hospitales permitieran o no el ingreso de pacientes de urgencias, en tanto podía no ser confiable para el pago de la cuenta final; para la postulación a un cargo público(¡!), y casi para casi todas las empresas que “pedían el Dicom” junto con el curriculum vitae para ver si contrataba a la persona.

Todos estos casos son, francamente, una aberración. Casi me atrevo a decir, una entrega de soberanía a una empresa privada extranjera.

Visto objetivamente, Dicom se había convertido en un pequeño dios, que daba el “visto bueno” para dar empleo, para atención médica y para acceso a la educación superior.

¿Y por qué una empresa privada, con un simple “predictor” se había convertido en el juez supremo de la vida de los chilenos? Nadie ha sido capaz de responder la pregunta.

Y quizás nadie la conteste jamás, porque pasado este “perdonazo” de la llamada “ley Dicom”, es posible que sus tentáculos sigan siendo útiles en cuanto sean solicitados sus reportes para husmear la situación financiera de las personas que quieran solicitar créditos bancarios, o empleos nuevamente, o deban pagar cuentas en clínicas y universidades.

Como bien lo dijo el presidente Piñera, se trata de una ley que “borra y elimina por única vez de los registros de Dicom todas aquellas deudas al 31 de diciembre del año pasado, inferiores a $2,5 millones en términos de capital”. Repito, por una única vez, y tampoco incluye los intereses de los créditos ni reajustes.

Aberrantemente, Dicom era (¿es?) quien disponía en Chile quién trabajaba, quién podía comprar un electrodoméstico y quién podía obtener un crédito para vivienda.

Veremos cuánto tiempo dura este paraíso, y no estaremos en 5 o 6 años, apelando a otra “ley Dicom” porque el pulpo volvió a crecer, como la cola de las lagartijas.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, insistió en que la información financiera, bancaria o comercial de las personas, “solo podrá ser requerida por el comercio establecido o entidades financieras para la evaluación de riesgo comercial y el proceso de otorgamiento de un crédito”.

Faltó que dijera que Dicom es un mal “predictor”, porque acumula como puntos negativos para el cliente, las veces que una cualquiera entidad comercial o bancaria o médica o académica, consulta su informe. Como si el hecho de que alguien mire nuestro registro nos convierta automáticamente en un mal cliente.